Acceso a la información pública, potestad reglamentaria y omisión del Ejecutivo: análisis de la resolución 11637-2026
Lectura constitucional del deber de reglamentar cuando la inactividad administrativa compromete la efectividad de un derecho fundamental.
Resumen ejecutivo
La resolución 11637-2026, dictada el 27 de marzo de 2026, declaró con lugar un amparo por la falta de reglamentación de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, Ley 10554, y ordenó emitir el reglamento dentro de dos meses.
El punto doctrinal relevante es que la omisión del Ejecutivo puede ser objeto de control constitucional cuando la inactividad se conecta con la tutela de un derecho fundamental. La potestad reglamentaria, en ese contexto, adquiere una dimensión de deber de eficacia.
Marco normativo
La Ley 10554 configura el acceso como regla general y las restricciones como excepciones sujetas a fundamento jurídico, motivación y lectura restrictiva. Su diseño busca transparencia proactiva, oportunidad, integridad y accesibilidad de la información pública.
Alcance constitucional
El fallo no convierte toda demora reglamentaria en lesión constitucional. El elemento decisivo es la relación concreta entre la omisión y la efectividad de un derecho fundamental. Tampoco elimina límites legítimos derivados de privacidad, secreto legal, seguridad u otros bienes constitucionalmente protegidos.
Conclusión
La sentencia fortalece una concepción material del Estado de Derecho: la publicación de una ley no agota la obligación estatal cuando su efectividad requiere organización, procedimiento y reglamentación. Los derechos deben ser operativos, no meramente declarativos.